Leyes raciales fascistas

La difesa della razza, 1938

Las leyes raciales fascistas son un conjunto de medidas legislativas y administrativas (leyes, decretos, circulares, etc.) que fueron lanzadas en Italia entre 1938 y los primeros cinco años de la década de 1940, inicialmente por el régimen fascista y luego por la República Social Italiana, dirigidas principalmente –pero no exclusivamente– contra las personas de ascendencia judía. Benito Mussolini las presentó por primera vez el 18 de septiembre de 1938 en Trieste, desde el balcón del ayuntamiento con motivo de su visita a la ciudad.

Para la legislación fascista, era judío cualquier persona que había nacido de: dos padres judíos, un judío y un extranjero, de madre judía en condiciones de paternidad desconocida o que, a pesar de tener un padre ario, profesara la religión judía. Sobre los judíos se promulgaron una serie de leyes discriminatorias, pero se admitió la discutida figura del judío «convertido en ario» o del judío con méritos especiales: militares, civiles o políticos. A los judíos «convertidos en arios» se les aplicaron las leyes con algunas excepciones y limitaciones.[1]

La legislación antisemita incluía:

  • la prohibición de matrimonio entre los italianos y los judíos,
  • la prohibición de que judíos emplearan a nacionales de raza aria,
  • la prohibición a todas las administraciones públicas y empresas privadas de carácter público –tales como bancos y compañías de seguros– de emplear a judíos,
  • la prohibición de judíos de entrar en Italia,
  • la retirada de la ciudadanía italiana concedida a judíos en el extranjero con fecha posterior a 1919,
  • la prohibición de trabajar como abogado o periodista y fuertes limitaciones para ejercer las llamadas «profesiones intelectuales»,
  • la prohibición de la inscripción de los niños judíos –con excepción de aquellos que no se hubiesen convertido al catolicismo y que no viviesen en áreas donde no hubiese escuelas judías por falta de alumnos– en escuelas públicas,
  • la prohibición de usar textos escolares en cuya redacción hubiese participado de alguna manera un judío.

También se ordenó a la comunidad judía la creación de escuelas específicas para los niños judíos. Los maestros judíos solo podían trabajar en esas escuelas.[2]

Dado que se decretó la prohibición para los judíos italianos de ser propietarios o administradores de empresas y entidades financieras consideradas de interés nacional o con más de cien empleados, así como la limitación del número de sus propiedades inmobiliarias, se llevó a cabo un expolio de bienes sobre estos ciudadanos. Para gestionar estos activos incautados, se creó en 1939 el Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliarie, con la colaboración de las autoridades y bancos locales. En los años 60 se produciría una lenta restitución de los bienes sustraídos a los supervivientes y sus familiares.[3]

  1. Para profundizar en el tema, véase Romolo Astraldi, La legislazione fascista nella XXIX legislatura, 1934-1939 (XII-XVII), Roma, Tipografia della Camera dei fasci e delle corporazioni, 1939.
  2. Maria Fausta Maternini (abril de 2009). «La contraddittoria legislazione fascista in tema di ebraismo». Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (1): 159-164. doi:10.1440/29191. ISSN 11220392. 
  3. Dogliani, Patrizia (2017). El fascismo de los italianos: una historia social. Publicacions de la Universitat de València. pp. 476-477. ISBN 978-84-9134-117-8. 

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